Acusación constitucional y destitución por una de las causas, de cinco, contra Yasna Provoste Campillay
No bastó el lobby del gobierno para evitar sacar a la ministra de educación, la derecha se perfila, entonces, como oposición en campaña de desalojo, con ayuda de los “independientes” por cierto.
A una semana de la destitución mediática de Yasna Provoste la expectación cruza el aire de las dos tendencias políticas que marcan la agenda noticiosa del país. Digo dos porque las opiniones políticas de los conglomerados externos al “establishment” director no hicieron eco mayoritario de la causa (proclamando la exclusión y reforma al sistema binominal como argumento de movilización), viendo sólo en la acusación y su montaje un juego más del ruedo romano a que nos tienen acostumbrados la Concertación y la Alianza, las dos élites reinantes.
La expectación se enmarca en las distintas opiniones que se suscitaron en el ambiente político inmediato: “la derecha no hará un uso indiscriminado de la acusación constitucional porque bajará sus votos en las elecciones municipales, bajará su adhesión “popular”, será el boomerang que le tocará vivir cuando salga gobierno en las próximas elecciones presidenciales del 2010”, o, se sienten arrepentidos o no totalmente convencidos de que esta acusación se haya basado en reales hechos jurídicos y haya sido un “gallito” para determinar como se cohesionó la “nueva mayoría en el senado.
Por otro lado, la democracia Cristiana se pone a concretar rápidamente las adhesiones que le significan estos altos espacios noticiosos con una imagen de la ex ministra virginal y santurrona acompañada muy cercanamente de la figura de Soledad Alvear (la mejor ubicada dentro de las ya antiguas encuestas) y generar entonces las decisiones en esos esquivos votantes, buscando obviamente las municipales.
El gobierno aferrado a la impronta con la que partió su mandato “cercanía con la gente” al parecer se equivocó al permitir que la ministra siguiera en el puesto y no renunciara para no sufrir una derrota, es decir apostó a una suerte de emocionalidad que la figura morena y de origen humilde de Provoste provocaba en la ciudadanía. Hace pensar que la mano de la presidenta Bachelet estaba detrás no permitiendo que sus paladines con mayor experiencia política, Pérez Yoma y Viera Gallo pusieran el orden que esta situación necesitaba. Uno alineando exhaustivamente la opinión al respecto dentro de la coalición de gobierno y el otro negociando hábilmente con la oposición, gracias a su llegada cercana.
Dentro de las huestes concertacionistas produjo algo de ruido la destitución, pero al parecer, se le bajo la intensidad en las consecuencias para no opacar el comienzo de las campañas electorales municipales y así enturbiar un segundo tiempo y un cuarto gobierno no libre de graves trastornos en la conducción del aparato del estado. En eso la Concertación logra orden interno a diferencia de la Alianza que aún no logra dar muestras de gobernabilidad pues no enmarcan su triunfo en la destitución en votos, ni en acuerdos dentro de ellos mismos, codiciando sin asco el hacerse del poder a como de lugar, dando luces de la que teoría del desalojo cundió como estrategia mediática en el conglomerado.
Se le bajó el perfil a la derrota poniendo en la cabeza del ministerio de educación a Mónica Jiménez, “tecnócrata” del área con simpatías DC, con una agenda corta y en lo posible de bajo perfil, esperando el acuerdo en educación que la gigante comisión nombrada después de la presión de los pingüinos echara a Zilic y pusiera a Provoste, logrando apaciguar ese rato a los estudiantes, que amenazan con nuevas manifestaciones olfateando que la nueva Ley Orgánica Constitucional de Educación (L.O.C.E.) no satisface en nada sus requerimientos y legitima aún más el lucro en la educación.
La destitución de Yasna Provoste es parte de la realidad política en la que el país se enmarca, pero es uno más de los conflictos (que por lo demás ya terminó) que se están dando en el ambiente social y político del país.
No hay que dejar de mencionar a los subcontratistas del cobre que se mantienen en huelga debido a que el gobierno y Codelco no cumplieron (según los trabajadores) con el acuerdo firmado el 2007. Así mismo dentro de la agenda de consecuencias sociales está la publicación del fallo del Tribunal Constitucional en contra de la pastilla del día después y el método “yuspe” que fue difundido el viernes pasado a última hora tratando de no hacer mucho ruido y escondiéndose de alguna manera detrás de la destitución por el alto grado de impopularidad que acarrea su promulgación, y que tiene a las municipalidades en estudios de cómo poder repartir el fármaco sin romper el estado de derecho y satisfacer a las mujeres que lo requieran.
El panorama, como se ve, parece no ser el más propicio para candidatos de uno y otro espectro pues la Alianza se establece como garante de la abolición del Levonorgestrel, aunque algunos de sus partidarios no están de acuerdo al fallo y para la Concertación la ineficacia en la administración del ministerio de educación y otros graves problemas de corrupción no la hace tan creíble como para seguir gobernando el país por un próximo período.
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